La regulación laboral está para proteger a la mayoría de trabajadores frente a situaciones complicadas (enfermedad, accidentes, desempleo, vejez o la arbitrariedad del empleador). Pero en el Perú la legislación está de cabeza: excluye y desprotege a la mayoría. Seis millones de trabajadores urbanos (70% del total) trabajan sin contrato laboral, no cuentan con protección social para ellos o sus familias, ni se benefician del crecimiento económico como deberían.
Esto ocurre porque el Estado ha definido un nivel de beneficios que pocos pueden pagar. Ha escrito las normas pensando en las grandes empresas de San Isidro, no en las pequeñas empresas de provincias. Así, bajo las exigencias actuales, hay un enorme desbalance entre costos elevados y baja productividad que impide que la mayoría de puestos de trabajo sean formales. Por el lado de los costos, tenemos uno de los costos laborales no salariales más altos de América Latina y estamos entre los 15 países en el mundo donde es más difícil despedir a un trabajador. Por el lado de la productividad, el valor producido por cada trabajador es uno de los más bajos de la región. Como resultado, la regulación laboral actual excluye a los trabajadores menos productivos de un puesto de calidad y los desprotege frente a riesgos. Esto condena a muchos a tener ingresos bajos e inestables, y afecta el día a día de sus familias: en la gran mayoría hogares urbanos pobres del Perú, el jefe de hogar tiene un empleo informal.
Frente a esta situación, se han creado regímenes especiales que buscan reducir los costos asociados a crear un empleo formal. Así, si bien en el régimen general los costos laborales no salariales representan el 54% del salario básico, en el régimen especial de la microempresa, por ejemplo, representan sólo el 7%. Lo malo es que los regímenes especiales actuales no reducen el elevado costo de despido, incentivan la creación de empleo en las empresas menos productivas y, en el caso de las microempresas, sacrifican algunos seguros claves (el aporte para la jubilación es opcional).
En este contexto existen dos buenas razones por las que el Congreso debe aprobar el régimen laboral juvenil propuesto por el Poder Ejecutivo:
1. Incrementará el acceso de los jóvenes a protección social. Al eliminar algunos beneficios (como gratificaciones, reparto de utilidades, entre otros), el costo laboral no salarial para la empresa pasa de 54% a 14% del salario. Este menor costo permitirá que miles de jóvenes puedan conseguir un empleo formal y tener acceso a beneficios claves, como un seguro de salud o los seguros de invalidez y sobrevivencia que ofrece el sistema de pensiones.
2. Permitirá que miles de jóvenes puedan ganar más, ahora y en el futuro. Ahora, porque aumentará la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo mejor remunerado, ya que la reducción de costos es mayor para las grandes empresas formales, que son las más productivas y que pagan mejor. Y en el futuro, porque al iniciar su vida laboral en las empresas más productivas y que capacitan más, los jóvenes mejorarán su empleabilidad. El permitir que más trabajadores consigan empleos en grandes empresas es clave porque, más allá de los mitos, los datos dicen que es el empleo en éstas, y no en las Mypes, el que saca a la gente de la pobreza.
Ciertamente hay mucho más por mejorar, pero este régimen especial ofrece una vía para incluir y dar protección social al segmento de la población con las mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral formal. Está en manos del Congreso dejar de lado la ideología y pensar en los jóvenes del Perú.
Autor: José Carlos Saavedra, Jefe de Análisis Macroeconómico de APOYO Consultoría
Fuente: Gestión