El crecimiento económico sostenido sólo puede generar un desarrollo social firme cuando se da en el contexto de instituciones que se renuevan para facilitar una mayor madurez política y un funcionamiento más eficaz de los mercados. Es obvio que las transacciones cotidianas de los individuos y las empresas deben contar con la protección de leyes que se entiendan y cumplan por todos. Esa estabilidad permite adoptar mejores decisiones. Y la falta de ese orden mínimo genera el riesgo de la anarquía y de los estados fallidos.

Al menos hay cinco clases de instituciones requeridas para el buen funcionamiento de una economía de mercado: las que garantizan la estabilidad macroeconómica, las que establecen derechos de propiedad precisos y avalan contratos ejecutables, las agencias regulatorias debidamente calificadas y representativas, los organismos que contribuyen con la seguridad social, y aquellas entidades que permiten el manejo y la superación de los conflictos.

Los países mal desarrollados se caracterizan por la desconfianza, el incumplimiento del Estado de Derecho, el mal manejo de los conflictos y riesgos, la imprecisión y el desconocimiento de los derechos de propiedad, la incapacidad de las agencias regulatorias para combatir el fraude y las prácticas monopólicas, y la inefectividad y falta de transparencia de los gobiernos.

La falta de un Estado de Derecho y de claridad en los derechos de propiedad desanima a la inversión que constituye un requisito esencial para el crecimiento económico sostenido.

No es fácil lograr cambios institucionales. Ellos requieren de un mínimo de consenso político. Y, muchas veces, aunque favorecen a una gran mayoría silenciosa, perjudican bastante a los pocos que ejercen su poder y defienden sus privilegios. No es fácil hacer hablar a esa mayoría favorecida y la repartición de los beneficios potenciales tampoco es una tarea sencilla de lograr.