El reciente proceso electoral confirma lo inadecuada que resulta la legislación vigente y que es conveniente una reforma integral pronta, antes de las elecciones regionales y municipales del 2018. Su complejo resultado constituye un desafío político, una eventual cuadratura del círculo, para un país que, por sus instituciones, ocupa el puesto 116 de los 144 evaluados en el Índice de Competitividad Global. Si alcanzamos el puesto 69 en el promedio agregado, tal vez el objetivo nacional más importante para el 2021 sea que nuestras instituciones –partidos, Congreso, Poder Judicial, policía, etc.– alcancen un lugar entre la mitad mejor. Por estabilidad macroeconómica, por ejemplo, ya somos el 23 del mundo.
El presidente electo es un peruano de gran prestigio internacional, con una larga y muy exitosa carrera en el sector público y privado. Su partido obtuvo 21% de los votos en primera vuelta y cuenta con sólo 18 de los 130 congresistas elegidos, una representación muy limitada. Existe el grave riesgo de un gobierno débil. Las listas de Fuerza Popular, por su parte, alcanzaron una amplia mayoría en el nuevo Congreso. Cabe mencionar que sus miembros, como los de PPK, son mayoritariamente invitados, no militantes. En el 2018, se celebrarán elecciones regionales y municipales. Sus resultados podrían generar, a mediados de la nueva administración, una interpretación plebiscitaria. Sería conveniente que los partidos logren aumentar su número de inscritos, así como su democracia interna.
La delincuencia y la corrupción son las dos preocupaciones principales de la ciudadanía. Su tratamiento, como el de otros temas posibles, no es ideológico, y puede ser manejado en el marco de un acuerdo nacional abierto a los demás grupos políticos. De otro lado, como el Ejecutivo es responsable de la administración central, y el Congreso de las leyes, hay varios puntos de convergencia entre los planes de gobierno de los dos partidos que compitieron en la segunda vuelta. Es cuestión de que, concluida la batalla electoral, se optimice con inteligencia y creatividad. Hay también iniciativas del plan de gobierno tricolor que requieren o no de normas del Congreso, a los que el grupo naranja podría, con todo derecho, oponerse. En el primer caso, se tendría que recurrir a una campaña de persuasión o al archivo de la idea hasta mejor oportunidad. En el segundo caso, su implementación podría estar sujeta a una eventual interpelación, incluso a una censura ministerial, todo parte del saludable ejercicio democrático.
El Perú está en una situación expectante en América Latina. El gobierno del presidente Ollanta Humala ha cumplido con su promesa de garantizar la estabilidad macroeconómica y ha tenido ministros como Jaime Saavedra o Piero Ghezzi, que han realizado esfuerzos encomiables en la reforma educativa y en la diversificación productiva. El nuevo gobierno bien haría en mantener lo bueno de la administración anterior. Eso otorga una sensación de madurez y continuidad.
Hay dos temas en los que el nuevo gobierno puede convocar a un esfuerzo concertado inmediato: la tramitología absurda y el estancamiento de importantes proyectos de infraestructura por descoordinaciones entre el gobierno y las autoridades regionales. Majes Siguas II se otorgó en concesión en el 2010 para irrigar decenas de miles de hectáreas en Arequipa, y su avance es mínimo. La Línea 2 del Metro se concesionó en el 2014 y sólo ha avanzado 2 km. ¡Hay que poner manos a la obra! ■
EN SUMA El nuevo escenario político permite concluir que habrá áreas de coincidencia y confrontación entre el gobierno y el Congreso. Atacar la tramitología y destrabar infraestructura podrían ser acuerdos inmediatos.